Los refugiados cubanos que el correísmo quiere deportar ya habían sido víctimas de atropellos por parte del Estado antes de que la Policía de José Serrano los llevara arbitrariamente detenidos. Los guardias fronterizos (cuentan en sus testimonios) los extorsionaron y les robaron dinero; en la ciudad de Coca, muchos de ellos fueron detenidos sin cargos y hacinados sin alimentos durante una semana; algunos ya pasaron por el Hotel Carrión, esa cárcel clandestina del correísmo; de los exteriores de la embajada de México, país al que ruegan por una visa, los echaron a palazos…
Finalmente, el gobierno de la ciudadanía universal que pretende dar lecciones a los países europeos por el trato que dan a los refugiados de África y Medio Oriente, decidió expulsarlos en contra de todos sus preceptos constitucionales. Lo hace para cumplir sus compromisos con una dictadura que tiene récords en materia de violación a los derechos humanos: el régimen de los hermanos Castro. Y para no quedarse atrás, el correísmo hizo lo propio. Hasta las 15:00 de hoy 7 de julio; es decir, 36 horas después del operativo de desalojo del parque El Arbolito, donde se encontraban las víctimas, se han cometido al menos 18 atropellos. La información que consta a continuación ha sido recogida y documentada por Francisco Hurtado y Javier Arcentales, abogados especialistas en derechos humanos que acompañaron a las víctimas desde su detención. Sus informes completos se pueden leer en el blog del primero de ellos: “Harán valer”.
El desalojo se produjo entre las 2h30 y las 3h00 de la madrugada del miércoles 6 de julio. Es la idea de José Serrano sobre el uso progresivo de la fuerza: sorprender a porrazos a personas que duermen. En realidad, el primer paso de cualquier desalojo, según prescriben los protocolos internacionales, es notificar a los interesados.
El campamento de refugiados cubanos instalado en el parque de El Arbolito tenía autorización municipal (prorrogable) para permanecer ahí hasta el sábado 9 de julio. El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, no ha movido un dedo para defender las decisiones administrativas de su Municipio.
Las víctimas del desalojo denunciaron uso excesivo de la fuerza y agresiones físicas, sicológicas y sexuales. Los policías de José Serrano repartieron golpes y palazos, arrastraron personas por el suelo y las patearon indiscriminadamente, incluyendo a dos mujeres embarazadas (una de las cuales se desmayó en el bus en que la llevaban detenida) y varios mayores de 50 años. El operativo contó con la participación de fuerzas especiales y vehículos antimotines. Al menos cinco buses se llenaron con los detenidos.
Los policías de José Serrano no sólo maltrataron a los refugiados sino que hicieron algo explícitamente prohibido por la ley: confiscar sus bienes: carpas, cobijas, enseres para alimentación, ropa, documentos de identidad y pasaportes.
Las 147 personas detenidas fueron llevadas a la Unidad de Flagrancia, es decir, un juzgado penal, a pesar de que el mismo ministro del Interior dijo que se trata de un asunto estrictamente migratorio.
Las 147 personas detenidas fueron hacinadas en las celdas del subsuelo de la unidad de flagrancia, que no presta las condiciones ni cumple con los estándares mínimos para albergar a tanta gente.
Muchas de las personas detenidas (en este asunto estrictamente migratorio) tenían todos sus papeles en regla. Algunos eran ciudadanos cubanos residentes.
A ninguno de los refugiados se le leyó sus derechos en el momento de su detención.
Durante ocho horas las personas detenidas permanecieron incomunicadas, sin posibilidad de contactar con sus abogados o sus familiares. Sólo a partir de las 11h00 se permitió que los abogados defensores de los derechos humanos ingresaran e iniciaran su representación judicial.
Barbaridad mayúscula de la revolución ciudadana: entre los detenidos (¡en una unidad penal!) se encontraban cinco menores de edad: cuatro niños de 3, 4, 10 y 11 años más un adolescente a quien los policías de José Serrano le rompieron el brazo durante el desalojo. Hasta la tarde del miércoles no habían ingerido alimento. Hasta el mediodía del jueves continuaban detenidos.
El ciudadano cubano Efraín Sánchez, residente en el Ecuador (y, por tanto, arbitrariamente detenido), permaneció incomunicado hasta las 17h00 del miércoles. Se presumía su desaparición. Luego se supo que había sido aislado en otra celda. En la madrugada del jueves, a las 02h00, tuvo lugar una audiencia de flagrancia en su contra, acusándolo de agredir a los policías durante el operativo. No hubo pruebas para sostener esta acusación. El argumento de la Defensoría Pública en su favor fue contundente. Tanto, que la Fiscalía se inhibió de acusarlo. Aun así, el juez lo condenó a cumplir cinco días de prisión y le impuso una multa.
400 personas que se encontraban en el campamento y que no fueron detenidos no tuvieron dónde pasar la noche del miércoles, pues sus carpas y colchones les habían sido confiscados por los policías de José Serrano.
Todo el proceso apunta a una deportación colectiva, prohibida constitucionalmente, según el artículo 41.
Pese a que los procesos migratorios tiene carácter administrativo, las víctimas han sobrepasado las 30 horas de privación de la libertad. Es más: las audiencias se fijaron para las 08h00 del jueves, es decir, 31 horas después de su detención.
A las 08h00 del jueves no sólo que las audiencias no empezaron, sino que todavía no se habían levantado los partes respectivos. No sólo que no se habían levantado los partes respectivos, sino que a los abogados se les impidió (otra vez) ingresar a los calabozos.
Recién al mediodía del jueves se supo que había 36 partes en la unidad judicial de las calles 6 de Diciembre y Roca. Hacia allá fue llevado en bus un primer grupo de víctimas. El lugar estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.
El primer grupo de víctimas fue trasladado a uno de los lugares infames del correísmo: el 'Hotel Carrión'. Se trata, en realidad, de una cárcel para extranjeros en espera de deportación, un procedimiento escandaloso que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso sobre la mesa en el examen sobre derechos civiles y políticos que rindió Ecuador la semana pasada, en Ginebra.
El miércoles, el mismo día de la detención, un equipo de abogados especializados en derechos humanos había presentado un recurso de hábeas corpus (acción constitucional que busca la inmediata libertad de personas detenidas arbitrariamente o cuya integridad física haya sido vulnerada). Dicha acción incluyó además una petición de medidas cautelares: detener las audiencias de deportación hasta que la justicia constitucional del Ecuador confirme la arbitrariedad de las detenciones. La autoridad aceptó el pedido y sorteó una sala, pero lo dejó… ¡para después de las audiencias!
El gobierno de Rafael Correa es el responsable de todas estas violaciones a los derechos humanos. La Constitución con que se llena la boca el correísmo garantiza el derecho a la libre movilidad (especialmente en la región latinoamericana), proclama la ciudadanía universal, protege a las personas en situación de vulnerabilidad y reconoce a los refugiados como tales. Sin embargo, los compromisos con los hermanos Castro parecen ser más importantes para el correísmo.
Autor: Roberto Aguilar
Fuente: 4 Pelagatos
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| Artículo de Roberto Aguilar: 'El correísmo violó 18 derechos humanos en 36 horas' |
Finalmente, el gobierno de la ciudadanía universal que pretende dar lecciones a los países europeos por el trato que dan a los refugiados de África y Medio Oriente, decidió expulsarlos en contra de todos sus preceptos constitucionales. Lo hace para cumplir sus compromisos con una dictadura que tiene récords en materia de violación a los derechos humanos: el régimen de los hermanos Castro. Y para no quedarse atrás, el correísmo hizo lo propio. Hasta las 15:00 de hoy 7 de julio; es decir, 36 horas después del operativo de desalojo del parque El Arbolito, donde se encontraban las víctimas, se han cometido al menos 18 atropellos. La información que consta a continuación ha sido recogida y documentada por Francisco Hurtado y Javier Arcentales, abogados especialistas en derechos humanos que acompañaron a las víctimas desde su detención. Sus informes completos se pueden leer en el blog del primero de ellos: “Harán valer”.
El desalojo se produjo entre las 2h30 y las 3h00 de la madrugada del miércoles 6 de julio. Es la idea de José Serrano sobre el uso progresivo de la fuerza: sorprender a porrazos a personas que duermen. En realidad, el primer paso de cualquier desalojo, según prescriben los protocolos internacionales, es notificar a los interesados.
El campamento de refugiados cubanos instalado en el parque de El Arbolito tenía autorización municipal (prorrogable) para permanecer ahí hasta el sábado 9 de julio. El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, no ha movido un dedo para defender las decisiones administrativas de su Municipio.
Las víctimas del desalojo denunciaron uso excesivo de la fuerza y agresiones físicas, sicológicas y sexuales. Los policías de José Serrano repartieron golpes y palazos, arrastraron personas por el suelo y las patearon indiscriminadamente, incluyendo a dos mujeres embarazadas (una de las cuales se desmayó en el bus en que la llevaban detenida) y varios mayores de 50 años. El operativo contó con la participación de fuerzas especiales y vehículos antimotines. Al menos cinco buses se llenaron con los detenidos.
Los policías de José Serrano no sólo maltrataron a los refugiados sino que hicieron algo explícitamente prohibido por la ley: confiscar sus bienes: carpas, cobijas, enseres para alimentación, ropa, documentos de identidad y pasaportes.
Las 147 personas detenidas fueron llevadas a la Unidad de Flagrancia, es decir, un juzgado penal, a pesar de que el mismo ministro del Interior dijo que se trata de un asunto estrictamente migratorio.
Las 147 personas detenidas fueron hacinadas en las celdas del subsuelo de la unidad de flagrancia, que no presta las condiciones ni cumple con los estándares mínimos para albergar a tanta gente.
Muchas de las personas detenidas (en este asunto estrictamente migratorio) tenían todos sus papeles en regla. Algunos eran ciudadanos cubanos residentes.
A ninguno de los refugiados se le leyó sus derechos en el momento de su detención.
Durante ocho horas las personas detenidas permanecieron incomunicadas, sin posibilidad de contactar con sus abogados o sus familiares. Sólo a partir de las 11h00 se permitió que los abogados defensores de los derechos humanos ingresaran e iniciaran su representación judicial.
Barbaridad mayúscula de la revolución ciudadana: entre los detenidos (¡en una unidad penal!) se encontraban cinco menores de edad: cuatro niños de 3, 4, 10 y 11 años más un adolescente a quien los policías de José Serrano le rompieron el brazo durante el desalojo. Hasta la tarde del miércoles no habían ingerido alimento. Hasta el mediodía del jueves continuaban detenidos.
El ciudadano cubano Efraín Sánchez, residente en el Ecuador (y, por tanto, arbitrariamente detenido), permaneció incomunicado hasta las 17h00 del miércoles. Se presumía su desaparición. Luego se supo que había sido aislado en otra celda. En la madrugada del jueves, a las 02h00, tuvo lugar una audiencia de flagrancia en su contra, acusándolo de agredir a los policías durante el operativo. No hubo pruebas para sostener esta acusación. El argumento de la Defensoría Pública en su favor fue contundente. Tanto, que la Fiscalía se inhibió de acusarlo. Aun así, el juez lo condenó a cumplir cinco días de prisión y le impuso una multa.
400 personas que se encontraban en el campamento y que no fueron detenidos no tuvieron dónde pasar la noche del miércoles, pues sus carpas y colchones les habían sido confiscados por los policías de José Serrano.
Todo el proceso apunta a una deportación colectiva, prohibida constitucionalmente, según el artículo 41.
Pese a que los procesos migratorios tiene carácter administrativo, las víctimas han sobrepasado las 30 horas de privación de la libertad. Es más: las audiencias se fijaron para las 08h00 del jueves, es decir, 31 horas después de su detención.
A las 08h00 del jueves no sólo que las audiencias no empezaron, sino que todavía no se habían levantado los partes respectivos. No sólo que no se habían levantado los partes respectivos, sino que a los abogados se les impidió (otra vez) ingresar a los calabozos.
Recién al mediodía del jueves se supo que había 36 partes en la unidad judicial de las calles 6 de Diciembre y Roca. Hacia allá fue llevado en bus un primer grupo de víctimas. El lugar estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.
El primer grupo de víctimas fue trasladado a uno de los lugares infames del correísmo: el 'Hotel Carrión'. Se trata, en realidad, de una cárcel para extranjeros en espera de deportación, un procedimiento escandaloso que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso sobre la mesa en el examen sobre derechos civiles y políticos que rindió Ecuador la semana pasada, en Ginebra.
El miércoles, el mismo día de la detención, un equipo de abogados especializados en derechos humanos había presentado un recurso de hábeas corpus (acción constitucional que busca la inmediata libertad de personas detenidas arbitrariamente o cuya integridad física haya sido vulnerada). Dicha acción incluyó además una petición de medidas cautelares: detener las audiencias de deportación hasta que la justicia constitucional del Ecuador confirme la arbitrariedad de las detenciones. La autoridad aceptó el pedido y sorteó una sala, pero lo dejó… ¡para después de las audiencias!
El gobierno de Rafael Correa es el responsable de todas estas violaciones a los derechos humanos. La Constitución con que se llena la boca el correísmo garantiza el derecho a la libre movilidad (especialmente en la región latinoamericana), proclama la ciudadanía universal, protege a las personas en situación de vulnerabilidad y reconoce a los refugiados como tales. Sin embargo, los compromisos con los hermanos Castro parecen ser más importantes para el correísmo.
Autor: Roberto Aguilar
Fuente: 4 Pelagatos