El paquetazo impositivo parece letanía: la plata en efectivo que puede llevar un ecuatoriano o extranjero que abandone el país, será de hasta tres salarios básicos unificados: $1.098. El resto pagará impuesto. Si saca una suma mayor y no paga previamente los impuestos, tendrá una multa equivalente al 50% del valor no declarado. Igual monto para las transferencias al exterior. Nuevos impuestos a los licores, cigarrillos, colas. 15% de aumento al servicio de telefonía fija y móvil prestada a sociedades, excepto si se utiliza para operaciones de dinero electrónico. Ya no se exoneran del impuesto ambiental a los vehículos de personas discapacitadas. Las pensiones jubilares están gravadas con impuesto a la renta…
Jubilados, obreros, clase media, empresarios, gobiernos locales… Esta vez nadie escapa al garrotazo económico contenido en el nuevo proyecto de ley del Gobierno que llegó el miércoles en la noche a la Asamblea Nacional.
Ese texto, que deberá tramitarse con carácter de urgente, hace dos reconocimientos implícitos: sí hay crisis. Dos: para encararla ya no bastan las medidas creativas que el gobierno ha promocionado como suficientes para cubrir lo que, hasta ahora, ha llamado bache económico. Esta vez el gobierno reconoce que “hay una reducción considerable de recursos en la caja fiscal” y crea impuestos para mitigarla. El título del mismo proyecto –hecho excepcional– ya no es eufemístico: se llama “Ley Orgánica para el equilibrio de las Finanzas públicas”.
No obstante la franqueza, el gobierno no asume responsabilidad alguna en el manejo económico y en su cultura del despilfarro: vuelve a asegurar que todo se debe a “la baja del precio del petróleo y (a) la apreciación del dólar”. Y para justificar esta metida de mano en los bolsillos de los ciudadanos, recurre a algunos sofismas. Uno: el Estado tiene que garantizar algunos derechos de los ecuatorianos. Para hacerlo puede usar algunas políticas, entre ellas la tributaria. Dos: el Estado debe regular conductas nocivas. Por ende, debe desincentivar el consumo de productos que pueden afectar gravemente a la salud: colas, cigarrillos, licores… Tres: la ley promociona el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y moneda electrónica para disminuir, entre otros riesgos, “la inseguridad y la delincuencia asociada”.
Todo el proyecto está atravesado por el uso del dinero electrónico que el gobierno utilizará para efectuar las devoluciones del IVA. No solo se aúpa su utilización sino que se incentiva mediante medidas tributarias: 2% del IVA y rebaja del anticipo a las empresas que utilicen esa forma de pago, eliminación del ISD en transacciones de hasta $5000 con tarjetas de crédito… El gobierno defiende el uso de esos medios de pago como mecanismos para defender la dolarización, formalizar la economía, reducir los costos de transacciones, impulsar el consumo…
Desincentivar el uso de efectivo no es un problema para Mauricio Pozo, ex ministro de economía. Lo peligroso a sus ojos es el mensaje (falta plata) que esto puede enviar al Mercado. Si se genera esa lectura –dice puede engatillar procesos de nerviosismo fatales para la economía.
Abelardo Panchano, ex banquero, pone el acento en la necesidad que tiene el Gobierno de depositar dólares en el Banco Central para ganar liquidez. Esto profundiza la existencia de una moneda sin repaldo. La aparición de esas dos monedas –según él– muestra la angustia fiscal y pone al Banco Central en una situación imposible.
¿Cuánto dinero electrónico ingresará de esta forma en el sistema financiero? No hay una cifra. Mauricio Pozo responde examinando la reserva bancaria del 4 de marzo: $3.910 millones de dólares, mientras que la liquidez del Banco Central es de $3.261 millones. Dicho de otra manera, el Banco Central no cubre la liquidez de los bancos y su pasivo ($649 millones) no puede sino agravarse. Nadie puede, en las actuales circunstancias, asegurar que el Banco Central respaldará los recursos electrónicos que estén en circulación y que el gobierno –es obvio en este proyecto de ley– quiere aumentar. Lo único cierto es que el dinero electrónico ya es un pasivo en el Banco Central.
Inquietud parecida despierta la mayor utilización que el gobierno preconiza de las tarjetas de crédito. La única certeza, en plena crisis, es que la morosidad suba.
Pachano y Pozo coinciden en otro punto: este proyecto del gobierno se va contra el sector productivo. Lo desestimula, le quita liquidez y oxígeno. Y todo esto para que el Estado mantenga sus gastos restando recursos al sector que los necesita para producir y cuidar el empleo. “Es un contrasentido evidente –dice Abelardo Pachano–. Vuelve más onerosas las actividades, agrava los problemas de competitividad y quita viabilidad a las empresas. Es un proyecto inconsistente, incoherente, inconveniente”.
La bronca que plantea este proyecto no solo incluye a ciudadanos y empresarios. El gobierno se abre un frente con los gobiernos seccionales, pues el proyecto de ley prevé que el ministerio de Finanzas podrá modificar el presupuesto, por pedido del Presidente: “aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% en relación a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional”. Y hacer lo mismo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, “en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por ley y hasta ese límite”.
¿Hay bondades en este paquetazo? Algunas. Quizá la más importante es la ampliación del plazo para que las empresas puedan pagar impuestos al SRI y sus obligaciones a la Seguridad Social. Empresas a las que el gobierno debe y que tienen órdenes de pago no canceladas por al menos 30 días. Lo podrán hacer sin intereses ni multas un mes después de que se efectúen las transferencias…
Hay zanahorias, pero el garrote es contundente y abrirá, sin duda, un enorme boquete político al oficialismo. Es el único costo de la factura del despilfarro que ahora sí empezará a pagar el país en su conjunto.
Autor: José Hernández
Fuente: 4pelagatos.com
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| Artículo de José Hernández: "Hasta que llegó el gran paquetazo de Rafael Correa" |
Jubilados, obreros, clase media, empresarios, gobiernos locales… Esta vez nadie escapa al garrotazo económico contenido en el nuevo proyecto de ley del Gobierno que llegó el miércoles en la noche a la Asamblea Nacional.
Ese texto, que deberá tramitarse con carácter de urgente, hace dos reconocimientos implícitos: sí hay crisis. Dos: para encararla ya no bastan las medidas creativas que el gobierno ha promocionado como suficientes para cubrir lo que, hasta ahora, ha llamado bache económico. Esta vez el gobierno reconoce que “hay una reducción considerable de recursos en la caja fiscal” y crea impuestos para mitigarla. El título del mismo proyecto –hecho excepcional– ya no es eufemístico: se llama “Ley Orgánica para el equilibrio de las Finanzas públicas”.
No obstante la franqueza, el gobierno no asume responsabilidad alguna en el manejo económico y en su cultura del despilfarro: vuelve a asegurar que todo se debe a “la baja del precio del petróleo y (a) la apreciación del dólar”. Y para justificar esta metida de mano en los bolsillos de los ciudadanos, recurre a algunos sofismas. Uno: el Estado tiene que garantizar algunos derechos de los ecuatorianos. Para hacerlo puede usar algunas políticas, entre ellas la tributaria. Dos: el Estado debe regular conductas nocivas. Por ende, debe desincentivar el consumo de productos que pueden afectar gravemente a la salud: colas, cigarrillos, licores… Tres: la ley promociona el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y moneda electrónica para disminuir, entre otros riesgos, “la inseguridad y la delincuencia asociada”.
Todo el proyecto está atravesado por el uso del dinero electrónico que el gobierno utilizará para efectuar las devoluciones del IVA. No solo se aúpa su utilización sino que se incentiva mediante medidas tributarias: 2% del IVA y rebaja del anticipo a las empresas que utilicen esa forma de pago, eliminación del ISD en transacciones de hasta $5000 con tarjetas de crédito… El gobierno defiende el uso de esos medios de pago como mecanismos para defender la dolarización, formalizar la economía, reducir los costos de transacciones, impulsar el consumo…
Desincentivar el uso de efectivo no es un problema para Mauricio Pozo, ex ministro de economía. Lo peligroso a sus ojos es el mensaje (falta plata) que esto puede enviar al Mercado. Si se genera esa lectura –dice puede engatillar procesos de nerviosismo fatales para la economía.
Abelardo Panchano, ex banquero, pone el acento en la necesidad que tiene el Gobierno de depositar dólares en el Banco Central para ganar liquidez. Esto profundiza la existencia de una moneda sin repaldo. La aparición de esas dos monedas –según él– muestra la angustia fiscal y pone al Banco Central en una situación imposible.
¿Cuánto dinero electrónico ingresará de esta forma en el sistema financiero? No hay una cifra. Mauricio Pozo responde examinando la reserva bancaria del 4 de marzo: $3.910 millones de dólares, mientras que la liquidez del Banco Central es de $3.261 millones. Dicho de otra manera, el Banco Central no cubre la liquidez de los bancos y su pasivo ($649 millones) no puede sino agravarse. Nadie puede, en las actuales circunstancias, asegurar que el Banco Central respaldará los recursos electrónicos que estén en circulación y que el gobierno –es obvio en este proyecto de ley– quiere aumentar. Lo único cierto es que el dinero electrónico ya es un pasivo en el Banco Central.
Inquietud parecida despierta la mayor utilización que el gobierno preconiza de las tarjetas de crédito. La única certeza, en plena crisis, es que la morosidad suba.
Pachano y Pozo coinciden en otro punto: este proyecto del gobierno se va contra el sector productivo. Lo desestimula, le quita liquidez y oxígeno. Y todo esto para que el Estado mantenga sus gastos restando recursos al sector que los necesita para producir y cuidar el empleo. “Es un contrasentido evidente –dice Abelardo Pachano–. Vuelve más onerosas las actividades, agrava los problemas de competitividad y quita viabilidad a las empresas. Es un proyecto inconsistente, incoherente, inconveniente”.
La bronca que plantea este proyecto no solo incluye a ciudadanos y empresarios. El gobierno se abre un frente con los gobiernos seccionales, pues el proyecto de ley prevé que el ministerio de Finanzas podrá modificar el presupuesto, por pedido del Presidente: “aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% en relación a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional”. Y hacer lo mismo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, “en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por ley y hasta ese límite”.
¿Hay bondades en este paquetazo? Algunas. Quizá la más importante es la ampliación del plazo para que las empresas puedan pagar impuestos al SRI y sus obligaciones a la Seguridad Social. Empresas a las que el gobierno debe y que tienen órdenes de pago no canceladas por al menos 30 días. Lo podrán hacer sin intereses ni multas un mes después de que se efectúen las transferencias…
Hay zanahorias, pero el garrote es contundente y abrirá, sin duda, un enorme boquete político al oficialismo. Es el único costo de la factura del despilfarro que ahora sí empezará a pagar el país en su conjunto.
Autor: José Hernández
Fuente: 4pelagatos.com