El financiamiento ilegal de las campañas electorales de Alianza País por medio de millonarios “aportes” de Odebrecht y otras empresas es una muestra más de la voraz corrupción del correísmo y, a la par, de los ocultamientos y mentiras en la vida pública ecuatoriana.
Al referirse al tema del financiamiento electoral, Lenin Moreno lo ha planteado con palabras nada inspiradas para un presidente de la República: “Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejeo y vivimos en paz”. Aunque algunas personas puedan vivir en paz con el disimulo, una democracia ni sus instituciones viven en paz ni se desarrollan con el ocultamiento y la mentira.
Las sospechas de doble contabilidad de los fondos para la campaña no son una novedad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral santificó las cuentas de esos fondos. Los servicios al gobierno fueron premiados: el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, recibió una alta condecoración y un puesto en la burocracia internacional.
El cuaderno y las dos libretas de Pamela Martínez que, escondidos detrás de una chimenea, hallaron las autoridades judiciales en el departamento de la exasesora de Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, son evidencias de la contabilidad oculta, la que nunca llegó al CNE. Uno es el gasto autorizado por la ley y otro el que, con aportes ilegales, se efectuaron en las campañas para desplegar toda la parafernalia que aconseja el mercadeo político…
Como justificación del financiamiento estatal se argumentó la necesidad de que los partidos y movimientos políticos partieran en condiciones de igualdad en la competencia electoral. Los hechos muestran que ese objetivo no se cumplió.
Los triunfos del correísmo estuvieron viciados por una abismal desigualdad: a las ventajas que concede el ejercicio del poder para quien se halla en él como candidato, se suman los millonarios aportes bajo la mesa. Con cancha inclinada y árbitro propio, la participación democrática resulta un gran engaño. No basta que se fije un techo para el gasto electoral y se controle el dinero que el Estado entrega a partidos y movimientos. Urge repensar el sistema de financiamiento y los mecanismos de control para asegurar una participación equitativa en las elecciones. El SRI, la Unidad de Análisis Financiero, las Superintendencias, deberían fortalecer ese control.
Con los reveladores cuadernos de la señora Martínez, la justicia tiene una tarea que ha empezado a cumplirse por las indagaciones de la Fiscalía a Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y otros. Hay que sentar en el banquillo no solo a quienes pidieron y recibieron los “aportes para la campaña”, sino a los representantes de las empresas que los entregaron y fueron beneficiadas con jugosos contratos.
Autor: Diego Araujo Sánchez
Fuente: El Comercio
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| Artículo de Diego Araujo Sánchez: "Cuadernos de la corrupción" |
Al referirse al tema del financiamiento electoral, Lenin Moreno lo ha planteado con palabras nada inspiradas para un presidente de la República: “Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejeo y vivimos en paz”. Aunque algunas personas puedan vivir en paz con el disimulo, una democracia ni sus instituciones viven en paz ni se desarrollan con el ocultamiento y la mentira.
Las sospechas de doble contabilidad de los fondos para la campaña no son una novedad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral santificó las cuentas de esos fondos. Los servicios al gobierno fueron premiados: el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, recibió una alta condecoración y un puesto en la burocracia internacional.
El cuaderno y las dos libretas de Pamela Martínez que, escondidos detrás de una chimenea, hallaron las autoridades judiciales en el departamento de la exasesora de Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, son evidencias de la contabilidad oculta, la que nunca llegó al CNE. Uno es el gasto autorizado por la ley y otro el que, con aportes ilegales, se efectuaron en las campañas para desplegar toda la parafernalia que aconseja el mercadeo político…
Como justificación del financiamiento estatal se argumentó la necesidad de que los partidos y movimientos políticos partieran en condiciones de igualdad en la competencia electoral. Los hechos muestran que ese objetivo no se cumplió.
Los triunfos del correísmo estuvieron viciados por una abismal desigualdad: a las ventajas que concede el ejercicio del poder para quien se halla en él como candidato, se suman los millonarios aportes bajo la mesa. Con cancha inclinada y árbitro propio, la participación democrática resulta un gran engaño. No basta que se fije un techo para el gasto electoral y se controle el dinero que el Estado entrega a partidos y movimientos. Urge repensar el sistema de financiamiento y los mecanismos de control para asegurar una participación equitativa en las elecciones. El SRI, la Unidad de Análisis Financiero, las Superintendencias, deberían fortalecer ese control.
Con los reveladores cuadernos de la señora Martínez, la justicia tiene una tarea que ha empezado a cumplirse por las indagaciones de la Fiscalía a Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y otros. Hay que sentar en el banquillo no solo a quienes pidieron y recibieron los “aportes para la campaña”, sino a los representantes de las empresas que los entregaron y fueron beneficiadas con jugosos contratos.
Autor: Diego Araujo Sánchez
Fuente: El Comercio