Si el expresidente Rafael Correa es enjuiciado y sentenciado por el secuestro de Fernando Balda, su gobierno quedará marcado por haber cometido uno de los errores más torpes de su década ganada. Balda fue un político irrelevante, carente de ideología, discurso y sin votos…, por lo que el delito que se cometió en su contra –si la justicia así lo determina– será visto como una persecución carente de sentido común y fuera de toda lógica.
¿Por qué el correísmo se ensañó con Balda? Hay dos formas de entender el despropósito. La una tiene que ver con la importancia de sus denuncias, por las cuales hubo un juicio con sentencia a favor del Gobierno, que obligó a Balda a fugar en Colombia, donde se lo intentó secuestrar, supuestamente, por orden de Carondelet.
Balda, cuando era correísta, recibió de “agentes de inteligencia” un audio en donde José Ignacio Chauvín –subsecretario de entonces y cercano a las FARC– vigilaba a los hermanos del Presidente y también se hablaba de los supuestos aportes de dinero a la campaña de Alianza PAIS de los hermanos Ostaiza, vinculados al narcotráfico.
Luego filtró una conversación entre Silvia Salgado y Correa sobre la inclusión de artículos en la Constitución que no fueron aprobados en Montecristi. Estas denuncias se diluyeron por la presión aplastante del Gobierno, por lo que a todas luces, su emisario ya estaba liquidado. ¿Para qué, entonces, secuestrarlo?
La otra explicación es de corte psicológico y escudriña los excesos de un presidente y su grupo de colaboradores que se sintieron intocables y muy por encima de cualquier contrapeso democrático. Durante años, algunos en el país vieron con indiferencia, otros con indignación y muchos con miedo cómo los casos Araujo y Carrión se hundían en la justicia destrozando a sus familias. O cómo periodistas y medios eran demandados y condenados con sentencias redactadas fuera de los juzgados para recibir el humillante perdón presidencial.
Otros atropellos contra luchadores sociales, indígenas o estudiantes que se manifestaban en las calles, nos convencieron de que la justicia actuaba del lado del correísmo.
Pero con Balda, el cerco se cerró por el lado menos imaginado. Las gestiones de la justicia colombiana y los cambios institucionales en la ecuatoriana dieron al caso un nuevo giro y, junto a este, tomaron fuerza procesos más complejos como el crimen del general Jorge Gabela y sus denuncias por la contratación de los helicópteros Dhruv.
La transición en Ecuador tiene un importante componente judicial, donde Correa y varios de sus colaboradores tendrán que hacer frente a un despertar de denuncias y casos no resueltos.
El interinazgo en la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura resultará histórico si quienes emprenden esas tareas de investigación y juzgamiento ya encomendadas, fallan siguiendo el debido proceso y rechazando cualquier tipo de presión.
La depuración judicial no puede entenderse como un trofeo del presidente Lenín Moreno o de Julio César Trujillo, en una malentendida idea de desquite político. La búsqueda de la verdad, con cabeza fría y firmeza, es indispensable para que el Ecuador conozca los alcances que tuvo el correísmo, cuando se habla de crímenes de Estado.
Autor: Carlos Rojas Araujo
Fuente: Vistazo
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| Artículo de Carlos Rojas Araujo: ¿Se cierra el cerco judicial a Correa? |
¿Por qué el correísmo se ensañó con Balda? Hay dos formas de entender el despropósito. La una tiene que ver con la importancia de sus denuncias, por las cuales hubo un juicio con sentencia a favor del Gobierno, que obligó a Balda a fugar en Colombia, donde se lo intentó secuestrar, supuestamente, por orden de Carondelet.
Balda, cuando era correísta, recibió de “agentes de inteligencia” un audio en donde José Ignacio Chauvín –subsecretario de entonces y cercano a las FARC– vigilaba a los hermanos del Presidente y también se hablaba de los supuestos aportes de dinero a la campaña de Alianza PAIS de los hermanos Ostaiza, vinculados al narcotráfico.
Luego filtró una conversación entre Silvia Salgado y Correa sobre la inclusión de artículos en la Constitución que no fueron aprobados en Montecristi. Estas denuncias se diluyeron por la presión aplastante del Gobierno, por lo que a todas luces, su emisario ya estaba liquidado. ¿Para qué, entonces, secuestrarlo?
La otra explicación es de corte psicológico y escudriña los excesos de un presidente y su grupo de colaboradores que se sintieron intocables y muy por encima de cualquier contrapeso democrático. Durante años, algunos en el país vieron con indiferencia, otros con indignación y muchos con miedo cómo los casos Araujo y Carrión se hundían en la justicia destrozando a sus familias. O cómo periodistas y medios eran demandados y condenados con sentencias redactadas fuera de los juzgados para recibir el humillante perdón presidencial.
Otros atropellos contra luchadores sociales, indígenas o estudiantes que se manifestaban en las calles, nos convencieron de que la justicia actuaba del lado del correísmo.
Pero con Balda, el cerco se cerró por el lado menos imaginado. Las gestiones de la justicia colombiana y los cambios institucionales en la ecuatoriana dieron al caso un nuevo giro y, junto a este, tomaron fuerza procesos más complejos como el crimen del general Jorge Gabela y sus denuncias por la contratación de los helicópteros Dhruv.
La transición en Ecuador tiene un importante componente judicial, donde Correa y varios de sus colaboradores tendrán que hacer frente a un despertar de denuncias y casos no resueltos.
El interinazgo en la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura resultará histórico si quienes emprenden esas tareas de investigación y juzgamiento ya encomendadas, fallan siguiendo el debido proceso y rechazando cualquier tipo de presión.
La depuración judicial no puede entenderse como un trofeo del presidente Lenín Moreno o de Julio César Trujillo, en una malentendida idea de desquite político. La búsqueda de la verdad, con cabeza fría y firmeza, es indispensable para que el Ecuador conozca los alcances que tuvo el correísmo, cuando se habla de crímenes de Estado.
Autor: Carlos Rojas Araujo
Fuente: Vistazo